Águeda Robles
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) acreditó que el ayuntamiento de la Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Juquila, violó los derechos humanos de Marina Patricia Jiménez Ramírez, al no otorgarle la seguridad social que le correspondía como trabajadora de esa administración municipal.
La Defensoría informó que, al carecer de seguridad social, la peticionaria se vio obligada a atender el padecimiento que le aquejaba de manera particular, lo que la colocó en estado de indefensión, pues el Ayuntamiento evadió su responsabilidad de otorgarle la referida seguridad social.
El incumplimiento de la autoridad municipal, añadió la Defensoría, tuvo otras implicaciones perjudiciales para la peticionaria, pues por carecer de seguridad social tampoco pudo disfrutar de otro tipo de beneficios o prestaciones médicas, como la licencia o certificado de incapacidad temporal para el trabajo.
El organismo defensor inició el expediente DDHPO/1288/(11)/OAX/2017 el 8 de agosto de 2017, con motivo del planteamiento formulado por la ciudadana Jiménez Ramírez, quien reclamó violaciones a sus derechos humanos atribuibles a servidores públicos del ayuntamiento de Villa de Tututepec, Juquila, por ello, la Defensoría solicitó a las autoridades señaladas como responsables un informe y procedió a recabar la información pertinente con la finalidad de resolver la queja.
La Defensoría acreditó que se violentó el derecho al trabajo y de forma más específica el derecho a la seguridad social, así como el derecho a la seguridad jurídica de la agraviada, pues al proceder de la forma en que lo hizo la autoridad municipal, debió haber tomado en consideración la afectación de salud de la peticionaria, pues no hacerlo constituye una forma de violencia y discriminación contra la mujer.
Ante ello, la Defensoría formuló el 30 de enero de 2018 una propuesta de conciliación dirigida a los servidores públicos de ese Ayuntamiento, consistente en instruir a quien corresponda para que realice las gestiones tendientes a que a la agraviada se le cubra en su totalidad el gasto originado con motivo de la atención médica, análisis, estudios, intervención quirúrgica, medicamentos y demás egresos que haya realizado con motivo de la atención a su salud, toda vez que durante la relación laboral que sostuvo con ese municipio careció de seguridad social.
Asimismo, el organismo defensor solicitó instruir a quien corresponda para que se implementen las acciones jurídicas administrativas necesarias tendientes a proporcionar seguridad social a los trabajadores de ese Ayuntamiento.
La institución defensora también pidió iniciar un proceso de formación a todos los servidores públicos de ese Ayuntamiento, para que, en ejercicio de sus atribuciones, actúen sujetándose a los principios de eficiencia, honradez, imparcialidad, idoneidad, lealtad, legalidad, probidad y responsabilidad que deben regir el servicio público, además de conducirse con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
La Defensoría informó que la agraviada expuso ante personal de la institución defensora que el 1 de enero de 2017 entró en funciones como directora del Instituto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los Derechos Humanos del ayuntamiento de Villa de Tututepec, Juquila, cargo que se formalizó el 3 de febrero del mismo año.
La agraviada detalló que, debido a problemas de salud, se trasladó a Comitán, Chiapas, para realizarse diversos estudios, de lo cual informó verbalmente al presidente municipal, quien le comentó que se tomara el tiempo que considerara necesario. Agregó que fue intervenida quirúrgicamente, y tuvo que realizarse otros estudios, por lo cual mediante oficio hizo llegar los estudios y diagnósticos a la autoridad municipal.
La peticionaria señaló que tuvo conocimiento que el 3 de abril de 2017, en una reunión de directores y personal del Instituto, fue tomada la decisión de destituirla y nombrar a otra persona en su lugar de manera provisional, situación que no se le informó legalmente, sino que el 13 de abril recibió vía electrónica un texto con el nombre del secretario municipal en el que se le daba un ultimátum para responder si estaba en condiciones o no de seguir laborando.
Agregó que, ante tal situación, el 15 de abril de 2017 solicitó licencia a su cargo mientras mejoraba su salud, pero que el 8 de mayo recibió vía electrónica un texto firmado por el presidente municipal de Villa de Tututepec, Juquila, en el que se le notificó la decisión del Cabildo de destituirla como directora del Instituto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los Derechos Humanos, y que en el tiempo que colaboró en dicho municipio no contó con cobertura de seguridad social para atender su salud.
Finalmente, la Ddhpo solicitó a la autoridad que, en un plazo de 10 días hábiles, informe al organismo defensor sobre la aceptación o negativa a la propuesta de conciliación, y en su caso, emita las pruebas que acrediten su cumplimiento.
