Francisco Vásquez
Como lo anunció “Despertar de Oaxaca”, la tarde de este jueves el médico traumatólogo, Luis Alberto Pérez Méndez, acusado por la Fiscalía General del Estado de asesinato doloso eventual, con la agravante de responsabilidad médica, en agravio del menor Edward Luna Trujillo, quedó en libertad después de 10 días de estar recluido en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel.
La determinación puso en evidencia que Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y Raúl Bolaños Cacho, titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cedieron a la presión del gremio médico, quienes los emplazaron el pasado miércoles a dejar en libertad al médico Luis Alberto en 24 horas o el Sector Salud estallaría un paro nacional de labores indefinido, programado para las primeras horas de hoy.
La decisión dejó ver que el Poder Judicial en el estado no es autónomo como marca la ley, pues fue clara la intromisión del gobernador de Oaxaca en la sentencia que emitió el Tribunal para decretar la libertad al médico, ahora por la supuesta nulidad de actos procesales consistente en la audiencia de notificación de imputación y la audiencia en la que se le dictó auto de vinculación a proceso, ordenando la reposición del procedimiento; en otras palabras, fue el titular del Poder Ejecutivo estatal quien ordenó a Bolaños Cacho poner en libertad al médico asesino, por cuestiones políticas.
Así lo exhibieron a través de las redes sociales los médicos afines a Luis Alberto Pérez Méndez, quienes desde la noche del martes anunciaron la promesa del gobernador Alejandro Murat de otorgarle la libertad y, por la otra parte, la afirmación de los padres del menor de que, bajo presión, los médicos y sus aliados habían obtenido una mesa de negociación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde exigieron la libertad del médico.
El martes por la noche, los médicos publicaron el mensaje que a letra dice: “Sirva este medio para darles una buena noticia, en base a la intermediación del Dr. Víctor Huggo Cordova y del INADEM (Instituto Nacional de la Defensa Médica), el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murad le ha informado que en un lapso aproximado de 24 horas quedará en libertad el Dr. Luis Alberto Pérez Mendez”; “Podemos afirmar que es un triunfo para el gremio médico que con tanta pasión se ha organizado en defensa de los principios que sustentan el Acto Médico”.
Flavio Sosa también reafirmó que fue la presión social ejercida por los galenos y no una correcta aplicación de la ley la que puso en libertad a Luis Alberto, pues en entrevista a un medio de comunicación dio a conocer que ante la petición de un grupo de médicos amigos suyos, les consiguió una audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la cual gestionó a título personal; esa audiencia es la que los padres del menor muerto han denunciado como parte de las conquistas de las asociaciones de médicos, hechas bajo presión.
Ante estos hechos, Husseim Luna y Daniela Trujillo, padres del menor fallecido dudan de la imparcialidad de la impartición de justicia en Oaxaca, ante la evidente subordinación del Poder Judicial al titular del Poder Ejecutivo estatal, lo que ha desacreditado totalmente al sistema de procuración e impartición de justicia, pero no sólo a Bolaños Cacho, también a sus jueces y magistrados, quienes dejan mucho que desear, generando desconfianza en la ciudadanía.
Quienes están involucrados directamente en el asunto son el magistrado René Hernández, quien ordenó la reposición del procedimiento, Soreli Castro Vásquez, quien libró la orden de aprehensión y mantiene estrechas relaciones con el magistrado César Cervantes, y la jueza de control que dictó el auto de vinculación a proceso, Mónica Ramos Reyes, sobrina del magistrado Gerardo Carmona, magistrados íntimos de Raúl Bolaños Cacho, presidente del Tribunal, quien ahora dictó el auto de libertad.
Dirigentes sociales consultados consideran que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y su compadre José Murat Casab fueron los más interesados en darle un giro de 180 grados al asunto, porque está afectando de manera directa la campaña electoral de Raúl Bolaños Cacho Cué, candidato a senador por la Coalición Todos por México e hijo del actual titular de Tribunal, e incluso estaba afectando la campaña presidencial de José Antonio Meade.
Comentaron que este caso demuestra la subordinación del cuestionado presidente del Tribunal, Raúl Bolaños Cacho, al gobernador Alejandro Murat, y mostró la grosera intromisión del titular del Ejecutivo en otro poder que se supone autónomo, pues con antelación anunció lo que ayer se decretó.
