Rebeca Luna Jiménez
La presidenta de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, diputada Hilda Pérez Luis, presentó ante la LXIII Legislatura local una propuesta para establecer un procedimiento pronto, eficaz y oportuno que garantice a las autoridades, el acceso a la aplicación de recursos o programas para la mejora de la infraestructura pública.
Con lo anterior, la legisladora propuso que los bienes inmuebles que han ocupado las autoridades y que son destinados para brindar servicios públicos a la ciudadanía, gocen de certeza jurídica al ser registrados legalmente, por lo que deberán acreditar que la posesión del inmueble no haya sido interrumpida y que permanezca la utilidad pública para la que fue destinada desde el inicio de la posesión.
La solicitud del registro de inmuebles destinados para el servicio público la hará el representante legal de la entidad pública ante la Dirección General del Instituto de la Función Registral, acreditando la personalidad e interés jurídico, el servicio público que proporciona y la ubicación precisa del bien, especificando la superficie, medidas y colindancias.
De igual forma se acreditará que el inmueble no esté inscrito a favor de persona alguna, que no forme parte de los regímenes de propiedad social comunal o ejidal, así como la fecha de inicio de la posesión y el hecho o acto generador de la misma.
El director general hará la calificación respectiva y ordenará su inscripción definitiva al registrador que corresponda en los términos legales aplicables.
En este esquema, Hilda Luis manifestó que es urgente eliminar los procedimientos que ponen en desventaja a nuestro estado, en el que a pesar de contar con presupuestos históricos, éstos no pueden ser aplicados por tener limitantes como la carencia de un título o escritura de propiedad, “lo que implica quedar excluidos de los programas para mejora de la infraestructura pública tanto local como federal”, aseveró.
Cabe destacar que la intención de esta propuesta hacer más ágil el procedimiento para acreditar la propiedad y utilidad pública de un bien inmueble en beneficio de la ciudadanía y con ello mejorar la infraestructura pública.
